A 31 de enero de 2010 cuatro de las seis cajas de ahorro de la Comunidad poseían en venta casi 899 pisos por valor de 180 millones de euros. El parón inmobiliario exige a estas entidades a colgar el cartel ’se vende’ en sus propios portales. Los promotores deben ya 310.000 millones de dólares que no consiguen pagar. Las constructoras abarrotan un stock de 750.000 viviendas en España.

La inmobiliaria “Don Piso” ha puesto a la venta 8.500 casas, la mayoría proveniente de embargos realizados por entidades financieras a particulares e inmobiliarias.

Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), sociedad conjunta establecida por Santander y BNP Paribas, y que distribuye préstamos hipotecarios, Banco Pastor y GMAC, financiera de General Motors, han contratado a Don Piso para intentar de dar salida a su stock de casas. La inmobiliaria Realia, controlada por FCC y Caja Madrid, asimismo ha encargado a Don Piso la venta de 17 promociones de obra nueva, cerca de 749 casas.

Según comunico Emiliano Bermúdez, subdirector general de Don Piso, la mayoría de las casas están ubicadas en Levante y Andalucía y entre un 60% y un 65% son de segunda mano.

En rueda de prensa, el portavoz público, Juan Carlos Gutiérrez, ha comunicado que la propuesta sale tras saber que los promotores de la urbanización de la M3 han dimitido del proyecto -edificar unas 200 casas y un aparcamiento subterráneo de 300 plazas-, lo que, a su juicio, supone “una ocasión inmejorable” para el barrio.

Gutiérrez ha afirmado que la construcción de las viviendas conseguiría ser “la apuesta política más primordial que el Ayuntamiento acometa en la zona norte de Torrelavega“, ya que concedería al barrio de casas de protección pública autonómica o de alquiler para familias con insuficientes recursos económicas.

Según ha manifestado, la compra de los derechos urbanísticos afectaría a la parte del solar de la M3 que el Ayuntamiento debería recoger como compensación por ejecutar el proyecto completo, de forma que una parte se lograría consignar a la ampliación del parvulario del colegio José María de Pereda.

La inmobiliaria británica Taylor Wimpey gastará 8,5 millones de euros en un proyecto inmobiliario de segunda residencia en la Costa del Sol española, comunicó hoy la promotora.

La promotora “analiza” asimismo efectuar nuevas inversiones en el plazo de dos años con el propósito de fortalecer su posición en el mercado español.

Taylor Wimpey toma estas decisiones inversoras una vez que ha vendido casi el 49.9% de su ’stock’ de viviendas, gracias a su “belicosa política de precios”.

La inmobiliaria señalo en un comunicado que en el ejercicio 2009 consiguió vender 180 viviendas y que en este momento cuenta con reserva de suelo para otras 2.000.

El nuevo proyecto de la Costa del Sol, cuya edificación empezara en este mes de febrero, se ubicara en el municipio malagueño de Elviria, próximo a Marbella y rodeado de campos de golf.

El complejo tendrá 52 casas en un área de 14.724 metros cuadrados que adoptará el uso residencial con las zonas verdes. En una primera fase se edificarán dos edificios de tres plantas con un total de 23 viviendas, asimismo de dos piscinas y aparcamientos, cuya entrega está pronosticada para finales de 2011. El proyecto se completará con tres edificios más, de treinta viviendas, pronosticadas para 2012.

Se terminaron las ilegalidades en el sector inmobiliario. Éste cuenta desde hoy con un código de buenas prácticas que surge para ser un icono de reputación y garantía para el cliente, cuya afecto por las compañías y profesionales es voluntaria.

La Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid junto con AEGI Madrid, Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria de Madrid, CEIM (Confederación Empresarial de Madrid- CEOE) y la Cámara de Comercio de Madrid han mostrado hoy el Código de Buenas Prácticas dirigido a las compañías del sector de la gestión e intermediación inmobiliaria.

Esta publicación acopia tanto los requisitos legales aplicables a la intermediación inmobiliaria, como los compromisos de actuación que superan el marco normativo y cuya finalidad es la de rembolsar las demandas de los consumidores e aumentar el nivel de calidad y seguridad de las actividades desarrollada por las agencias y profesionales inmobiliarios.

Este código de buenas prácticas se determina por su carácter autorregulador en armonía y respeto con los derechos y garantías de los consumidores. Asimismo, mediante “sello de calidad” que se aprueba, el consumidor tendrá la seguridad de que la compañía que le está asesorando en la operación le brinda las garantías precisas y cumple con todos los requisitos de solvencia técnica, comercial y financiera precisos para llevar a un excelente término la operación.

La inmobiliaria Metrovacesa concluyo ayer la venta de Metropark, su filial cabecera en el sector de los aparcamientos, a Interparking Hispania por un importe que remonta a 100 millones de euros. Según informó a la CNMV, se cumplieron todas las condiciones constituidas en el contrato de compraventa.

La operación estaba estimada en 120 millones de euros aunque el costo final de compra se fijó en 99,7 millones de euros una vez restada la deuda.

Metropark Aparcamientos, participada en un 45,5% por Metrovacesa, cuenta con 9 aparcamientos y 3.807 plazas en las ciudades de Madrid y Valencia, con un valor conjunto de sus activos de 38 millones de euros.

A las 10:50, Metrovacesa sube un 2,50% hasta los 18,70 euros.

Durante mucho tiempo los complejos de viviendas Stuyvesant Town y Peter Village, en Manhattan, fueron considerados como el sueño de cualquier constructor con visión de futuro. Objeto de la mayor operación inmobiliaria de la historia de Estados Unidos, después de que en el 2006 el empresario Tishman Speye pagara 5.400 millones de dólares por ellos, el destino ha querido también que este proyecto mastodóntico se convirtiera ayer en el símbolo de la actual crisis económica, después de que el propio Speye ?-propietario asimismo del rascacielos Chrysler y del Rockefeller Center- se viera obligado a concederlo a sus acreedores ante la imposibilidad de lograr pagar el crédito que pidió para adquirirlo.

La noticia suponía el fin de un sueño y marcaba el inicio de una nueva era en Manhattan, donde muchos más edificios languidecen estos días a la espera de dinero fresco.

La entidad municipal Suvipuerto y la privada Inmobiliaria Fuentemuro SL han llegado a un acuerdo para la edificación de 27 viviendas de protección oficial, 34 garajes y 34 trasteros en un solar situado entre las calles Ganado y Espelete. Según el regidor de Vivienda, Antonio Jesús Ruiz, “la iniciativa privada no se logra permanecer al margen, estamos consiguiendo impulsar la construcción de VPO en la ciudad asimismo desde este frente”.

De esta forma, se ha pactado que la empresa municipal se haga cargo de todos los trámites relativos a la obtención del régimen de protección oficial ante la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía. De la misma forma, Suvipuerto se encargará asimismo de la posterior venta de estas viviendas.

Metrovacesa es cada vez más de la banca y menos de los Sanahuja, que llegó a controlar más del 79.9% de la inmobiliaria y que ayer se quedaron con un 17,50% del capital. Fue después de que La Caixa informara que se ha hecho con un 5,190% del accionariado de la compañía, sobre el que desde el pasado abril poseía ya derechos políticos, según informó a la CNMV. Este paquete valía ayer, al cierre del mercado, 68,59 millones de euros.

La caja que rige Isidre Fainé llegó a un convenio con Cresa Patrimonial (Sanahuja) para quedarse con 3.507.280 títulos contra la cancelación de la parte que la entidad poseía en un crédito hermanado firmado por Cresa el 23 de noviembre de 2007 por valor de 459 millones de euros. Asimismo, la caja se quedó con otras 3.611.975 acciones que eran de la familia. Fuentes cercanas a los Sanahuja señalaron que con las últimas transacciones con la banca, de los casi 5.000 millones que ésta les prestó para comprar Metrovacesa, la deuda se ha permanecido en 1.200 millones.

Monteverde es el último perjudicado del sector inmobiliario español. El grupo ha mostrado concurso voluntario de acreedores ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid al no conseguir hacer frente a sus pagos, que ascienden a 200 millones de dólares.

El Juzgado de lo Mercantil número 8 de la capital es el encomendado de tramitar el procedimiento de insolvencia. La compañía ha afirmado que confía en el valor de sus activos y que sigue negociando con sus importantes acreedores para aprobar un plan de pagos y salir del proceso concursal.

El concurso voluntario sólo conmueve a la matriz del grupo, Monteverde Grupo Inmobiliario, que dirige sus inversiones al sector inmobiliario de lujo.