Un juez intervino ayer Inmochán, la inmobiliaria de la multinacional francesa Alcampo, para obligarle a pagar 20,1 millones de euros (más otros seis millones por intereses y costas) a Llanera. Inmochán debe sufragar esa cantidad por un hipermercado que encomendó a Llanera y que ésta es incompetente de levantar, al menos a corto plazo. Y no lo logra construir, entre otras cosas, porque la operación en la que se constituía, el polémico PAI (Plan de Acción Integrada) de Nou Mil•leni (que preveía hacer 13.000 casas en Catarroja), se halla suspendido por el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

La constitución de la administración judicial sobre Inmochán fue establecida por el juez de lo Mercantil número 2 de Valencia en cumplimiento de una sentencia anterior (del 1 de julio de 2009) que constituyó la obligación de la compañía de raíz francesa de seguir pagando por el hipermercado a pesar de las dudas que lograran existir sobre la capacidad de Llanera para construirlo.

Llanera, con sede en Xàtiva, fue la primera gran inmobiliaria española en frenar pagos. Lo hizo en octubre de 2007, cuando el reventón de la gigantesca burbuja del sector sólo principiaba a intuirse. Después de aquello, Inmochán pretendió romper el contrato que la unía a Llanera desde finales de 2006 y llegó a denunciarla por fraude.

Unicaja tiene claro que uno de los obstáculos primordiales con los que se topa en Cajasur está relacionado al riesgo inmobiliario asumido en estos años, una dinámica muy frecuentada en el sector financiero español. Cuando la unión está en su fase inicial, desde la entidad malagueña ya se adelantó que la futura Unicajasur tardaría dos años en devorar el peso del ladrillo que, por ejemplo, en el caso de la inversión crediticia total ha llegado a apresar el 38% en la entidad cordobesa.

Ante esta tesitura, el Plan de Reestructuración Unicaja-Cajasur (plan de negocio) de Boston Consulting implanta la necesidad de un plan de choque con cinco medidas para ejercer sobre este riesgo a un horizonte, esencialmente, de dos años, cuando asimismo la propia consultora estima que lograría recuperarse el mercado de la vivienda.

Este plan parte de dos premisas. Por una parte, la venta selectiva de inmuebles que redundará en una mejora de la cuenta de resultados 2009/2011. Se trata, según el documento de la consultora, de «catalogar la cartera de inmuebles y potenciar las ventas que aporten plusvalías o una menor pérdida que la opción de conservar el inmueble en balance, disponible para la venta». La segunda está concentrada en conservar y rentabilizar inmuebles a largo.

Vicente, junto con el director general de Vivienda y Rehabilitación, Julio Tejedor, ha recorrido los importantes expositores de este certamen, que se logrará visitar hasta el 14 de febrero en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.

La oferta inmobiliaria de Aragón “es muy reflexivo”, ha señalado Vicente, quien ha recordado que la oferta de vivienda protegida en Valdespartera se está concluyendo, ya que tan sólo quedan 299 pisos por otorgar, ha comentado.

En Teruel, el polígono sur cuenta ya con cuatrocientas casas de protección oficial, y en Huesca hay alrededor de 535, ha explicado el consejero.

El desplome del mercado inmobiliario londinense supondrá una pérdida de lucros de 150 millones de libras (171 millones de euros al cambio presente) a los organizadores de los Juegos Olímpicos de 2012, informó el miércoles el Daily Telegraph, mencionando una fuente gubernamental.

El Comité de Organización (LOCOQ) esperaba lograr 250 millones de libras por la venta de terrenos ubicados cerca de la Villa Olímpica, pero la estimación actual es de 100 millones, según el informe periódico de la comisión gubernamental que continua con los arreglos de los Juegos.

Según ese documento, esta pérdida será subsanada por ahorros en otros sectores y no se espera un incremento del presupuesto, fijado en 9.300 millones de libras (10.600 millones de euros). Tan sólo en infraestructuras, la suma prevista es de 7.199 millones de libras.

La ministra británica encomendada de los Juegos-2012 congratuló a los organizadores por estar “dentro de los plazas y los límites presupuestarios previstos”.

A 31 de enero de 2010 cuatro de las seis cajas de ahorro de la Comunidad poseían en venta casi 899 pisos por valor de 180 millones de euros. El parón inmobiliario exige a estas entidades a colgar el cartel ’se vende’ en sus propios portales. Los promotores deben ya 310.000 millones de dólares que no consiguen pagar. Las constructoras abarrotan un stock de 750.000 viviendas en España.

La inmobiliaria “Don Piso” ha puesto a la venta 8.500 casas, la mayoría proveniente de embargos realizados por entidades financieras a particulares e inmobiliarias.

Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), sociedad conjunta establecida por Santander y BNP Paribas, y que distribuye préstamos hipotecarios, Banco Pastor y GMAC, financiera de General Motors, han contratado a Don Piso para intentar de dar salida a su stock de casas. La inmobiliaria Realia, controlada por FCC y Caja Madrid, asimismo ha encargado a Don Piso la venta de 17 promociones de obra nueva, cerca de 749 casas.

Según comunico Emiliano Bermúdez, subdirector general de Don Piso, la mayoría de las casas están ubicadas en Levante y Andalucía y entre un 60% y un 65% son de segunda mano.

En rueda de prensa, el portavoz público, Juan Carlos Gutiérrez, ha comunicado que la propuesta sale tras saber que los promotores de la urbanización de la M3 han dimitido del proyecto -edificar unas 200 casas y un aparcamiento subterráneo de 300 plazas-, lo que, a su juicio, supone “una ocasión inmejorable” para el barrio.

Gutiérrez ha afirmado que la construcción de las viviendas conseguiría ser “la apuesta política más primordial que el Ayuntamiento acometa en la zona norte de Torrelavega“, ya que concedería al barrio de casas de protección pública autonómica o de alquiler para familias con insuficientes recursos económicas.

Según ha manifestado, la compra de los derechos urbanísticos afectaría a la parte del solar de la M3 que el Ayuntamiento debería recoger como compensación por ejecutar el proyecto completo, de forma que una parte se lograría consignar a la ampliación del parvulario del colegio José María de Pereda.

La inmobiliaria británica Taylor Wimpey gastará 8,5 millones de euros en un proyecto inmobiliario de segunda residencia en la Costa del Sol española, comunicó hoy la promotora.

La promotora “analiza” asimismo efectuar nuevas inversiones en el plazo de dos años con el propósito de fortalecer su posición en el mercado español.

Taylor Wimpey toma estas decisiones inversoras una vez que ha vendido casi el 49.9% de su ’stock’ de viviendas, gracias a su “belicosa política de precios”.

La inmobiliaria señalo en un comunicado que en el ejercicio 2009 consiguió vender 180 viviendas y que en este momento cuenta con reserva de suelo para otras 2.000.

El nuevo proyecto de la Costa del Sol, cuya edificación empezara en este mes de febrero, se ubicara en el municipio malagueño de Elviria, próximo a Marbella y rodeado de campos de golf.

El complejo tendrá 52 casas en un área de 14.724 metros cuadrados que adoptará el uso residencial con las zonas verdes. En una primera fase se edificarán dos edificios de tres plantas con un total de 23 viviendas, asimismo de dos piscinas y aparcamientos, cuya entrega está pronosticada para finales de 2011. El proyecto se completará con tres edificios más, de treinta viviendas, pronosticadas para 2012.

Se terminaron las ilegalidades en el sector inmobiliario. Éste cuenta desde hoy con un código de buenas prácticas que surge para ser un icono de reputación y garantía para el cliente, cuya afecto por las compañías y profesionales es voluntaria.

La Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid junto con AEGI Madrid, Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria de Madrid, CEIM (Confederación Empresarial de Madrid- CEOE) y la Cámara de Comercio de Madrid han mostrado hoy el Código de Buenas Prácticas dirigido a las compañías del sector de la gestión e intermediación inmobiliaria.

Esta publicación acopia tanto los requisitos legales aplicables a la intermediación inmobiliaria, como los compromisos de actuación que superan el marco normativo y cuya finalidad es la de rembolsar las demandas de los consumidores e aumentar el nivel de calidad y seguridad de las actividades desarrollada por las agencias y profesionales inmobiliarios.

Este código de buenas prácticas se determina por su carácter autorregulador en armonía y respeto con los derechos y garantías de los consumidores. Asimismo, mediante “sello de calidad” que se aprueba, el consumidor tendrá la seguridad de que la compañía que le está asesorando en la operación le brinda las garantías precisas y cumple con todos los requisitos de solvencia técnica, comercial y financiera precisos para llevar a un excelente término la operación.

La inmobiliaria Metrovacesa concluyo ayer la venta de Metropark, su filial cabecera en el sector de los aparcamientos, a Interparking Hispania por un importe que remonta a 100 millones de euros. Según informó a la CNMV, se cumplieron todas las condiciones constituidas en el contrato de compraventa.

La operación estaba estimada en 120 millones de euros aunque el costo final de compra se fijó en 99,7 millones de euros una vez restada la deuda.

Metropark Aparcamientos, participada en un 45,5% por Metrovacesa, cuenta con 9 aparcamientos y 3.807 plazas en las ciudades de Madrid y Valencia, con un valor conjunto de sus activos de 38 millones de euros.

A las 10:50, Metrovacesa sube un 2,50% hasta los 18,70 euros.